Lisby Allen Bardales, una joven hondureña de 18 años, está acusada de matar a Mártir Adonay Carbajal Savillón, de 51, con quien se citó en un motel en el departamento de Yoro (centro) y allí le habría disparado.
El caso ha cobrado relevancia porque, según la prensa local, Allen Bardales denunció que Carbajal Savillón la había violado cuando ella era una niña y también intentó agredirla sexualmente en el hotel. De momento, la Fiscalía hondureña ha detenido a la joven y le ha imputado los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.
Sin embargo, colectivos feministas han condenado la actuación del Ministerio Público por negarle a Allen Bardales «su carácter de víctima por el delito de violación«, al tiempo que han rechazado la cobertura de los medios por «tergiversar los hechos y criminalizar a Lisby», violentando su estado de inocencia.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Según la versión que maneja la Fiscalía de Olanchito, en el departamento de Yoro, los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio, en un motel de la colonia El Triángulo.
Un empleado del hotel asegura que pasadas las 6:00 de la tarde llegó una camioneta al establecimiento, de la que se bajaron un hombre y una mujer para solicitar una habitación. Ambos ingresaron al cuarto número 1, que estaba disponible, y dos horas más tarde se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
El empleado afirma que, minutos después de oír los tiros, vio llegar la camioneta que horas antes había dejado a la pareja en el hotel y abordó al chofer para comentarle que había escuchado disparos. Fue entonces cuando ambos se dirigieron a la habitación y encontraron a Carbajal Savillón con varias heridas de bala, «sin ropa y flexionando sobre sus extremidades».
En la escena se encontraron cuatro casquillos y un arma de fuego, pero la joven que acompañaba al hombre ya no se estaba en la habitación. Cerca de las 9:30 de la noche, la policía recibió el reporte del homicidio y se presentó en el lugar para ubicar a la presunta sospechosa, a quien pudo localizar en las inmediaciones del hotel.
Polémica
Tras su detención, la joven fue trasladada a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Según medios locales, la Fiscalía presentó los cargos y un juez dictó prisión preventiva.
La primera audiencia del caso estaba prevista para el pasado lunes y uno de los puntos polémicos está en el hecho de que Allen Bardales afirma que actuó en defensa propia.
«El Ministerio Público tiene la obligación de investigar de oficio todos los delitos contra las mujeres basados en violencia de género», recalcó la Red Lésbica Cattrachas, que exigió justicia y defendió la versión de los hechos proporcionada por la joven. «Lisby actuó en legítima defensa para defender su vida y su integridad personal, ante un ataque de violencia sexual».
En redes sociales, organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) movilizaron la etiqueta #JusticiaparaLisby y se sumaron al reclamo contra la justicia. «¡Frente a la violencia machista, autodefensa feminista!», escribieron.
Violencia contra las mujeres y niñas
El crimen ocurre en un país donde las cifras de violencia sexual contra las mujeres son tan alarmantes como los índices de impunidad, que están entre los más altos del mundo, según una medición realizada el año pasado por la Universidad de las Américas Puebla. Por otra parte, según la ONU, Honduras ocupa la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y buena parte de ellos son producto de violaciones.
A pesar de esta situación, en el país centroamericano ni siquiera se aprobó el Protocolo Nacional de Atención Integral a víctimas de violencia sexual, que fue presentado en 2017, y que dejó en situación de vulnerabilidad a las mujeres y niñas que denuncian este tipo de delitos.
A principios de este año, además, se aprobó una férrea enmienda que bloquearía cualquier avance sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, al darle carácter constitucional a la prohibición del aborto. Esta iniciativa fue duramente cuestionada por Naciones Unidas, que recordó que el país centroamericano es uno de los pocos en el mundo donde la interrupción del embarazo es ilegal, incluso en casos de violación o incesto.
De acuerdo a un informe del CDM, elaborado en 2018, en Honduras «el Estado no hace nada para evitar que violen a las mujeres» y los medios se han convertido en vehículos de revictimización de las sobrevivientes de estas violencias, lo que fomenta un clima de impunidad y «naturalización» de estos crímenes en el país.
«El Ministerio Público en 2017 registró 2.880 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas con diversas expresiones, las más alarmantes son los casos de violación, 703 casos y violación sexual especial (menores de edad) 636 casos, seguido de actos de lujuria, 569 casos. Estos niveles de violencia sexual que son denunciados por niñas y mujeres, implican que cada 3 horas una mujer denuncia una agresión sexual«, detalla el informe.